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Factura electrónica Pymes

A partir del 15 de Enero del 2015 cualquier factura dirigida a la Administración Pública deberá ser electrónica. Aquellos proveedores que entreguen bienes o presten servicios a las Administraciones podrán realizar y emitir factura electrónica.
Será de obligado cumplimiento el uso de la factura electrónica y su presentación a través del punto general de entrada correspondiente las siguientes entidades:
Sociedades Anónimas.
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezca de nacionalidad española.
Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
Uniones temporales de empresas.
Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europeo, Fondo de Pensiones, Fondo de Capital Riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
Las Administraciones Públicas podrán excluir de esta obligación reglamentaria a las facturas inferiores a los 5000 euros y a las emitidas por los proveedores de servicios en el exterior de las Administraciones Públicas, hasta que esas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, conforme a la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios del exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción.
La obligación afecta a varios niveles de la Administración del Estado:
Comunidades Autónomas.
Administración local, como Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, etc.
Organismos autónomos.
Universidades públicas.
Entidades de derecho público.
Órganos constitucionales.
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Quedan excluidas de esta obligación:
Las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de la Comunidades Autónomas y Entidades locales.
Las sociedades mercantiles en las que más del 50% del capital social pertenezca directa o indirectamente a una administración pública.

El Gobierno sube las tasas del ICAC

Así consta en la memoria de impacto económico de la normativa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio de Economía cifra en casi 6,4 millones de euros los costes por efectivos adicionales, la ejecución del nuevo sistema de control, la vigilancia del mercado de auditoría, la gestión del nuevo sistema y el aumento de la actividad disciplinaria.

En concreto, la incorporación de casi un centenar de nuevos trabajadores que hace falta conllevaría un incremento del gasto anual de 592.600 euros en suministros, 562.200 euros en viajes y dietas, 372.900 euros en estudios y trabajos técnicos para inspeccionar a los auditores y 200.000 euros en contratación de expertos, a los que habría que sumar 230.600 euros en nuevos equipos, 300.000 euros en software y hardware, 126.300 euros en mobiliario.

Más trabajadores

Junto a esto, el incremento de gasto en salarios e indemnizaciones también se vería incrementado en casi 4,2 millones anuales para elevar hasta “un mínimo de 135 trabajadores” la plantilla del ICAC, formada actualmente por 42 efectivos.

Es decir, tendrían que contratarse a 93 nuevos empleados –51 de ellos ya fueron autorizados en la memoria presupuestaria que acompañó al Reglamento de Auditoría– para las nuevas funciones del Instituto (25 trabajadores) y para reforzar las que se ven ampliadas (68 trabajadores).

En concreto, hacen falta tres empleados en la unidad de vigilancia de la evolución del mercado de las auditorías de cuenta de entidades de interés público (EIP), encargados de controlar a 739 auditores; un trabajador para labores de apoyo y consultas al ICAC, y tres para la Unidad de Análisis del Riesgo, que elabora los planes de inspección y los planes de investigación sobre un estudio de riesgos de los auditores en función de su tamaño, estructura o cartera de clientes, entre otros criterios.

Inspecciones y sanciones

Asimismo, se necesitan cuatro empleados para controlar al menos el 2% de las declaraciones presentadas por los auditores y a los posibles auditores que no presenten declaración y otros tres para instruir unos 150 expedientes sancionadores, una “estimación muy moderada” que se prevé aumente “considerablemente” conforme empiecen a realizarse inspecciones y a cruzarse información.

Ante el incremento de las inspecciones al que obliga el proyecto de ley, se estima necesaria una plantilla de al menos 60 trabajadores que realicen 33 inspecciones a 156 entidades auditoras cada año, junto con otras cinco que supervisen la ejecución de los convenios con las corporaciones de entidades no EIP que asumirán la revisión de los 247 auditores de ese tipo.

Igualmente, se necesitan al menos quince empleados para instruir los expedientes sancionadores que se puedan derivar de esas inspecciones e investigaciones. Para investigaciones, se reclama una plantilla de al menos 21 trabajadores repartidos en tres equipos que puedan realizar 21 actuaciones al año.

No obstante, el propio Gobierno advierte en la memoria de que “cualquier variación de la realidad sobre dichas estimaciones implicaría una modificación de los medios necesarios”.

Otras funciones

Para hacer un seguimiento de una “mínima calidad” de la normativa internacional, se cree “conveniente” destinar dos efectivos “con dedicación exclusiva y un alto dominio del inglés” a la unidad de las relaciones internacionales, mientras que la unidad de regulación en materia de auditoría o apoyo jurídico también necesitaría al menos dos trabajadores, para afrontar el incremento de sujetos controlados y el ámbito de análisis, que derivarán en más consultas.

El ICAC también cuenta con una unidad de formación de auditores, que tendría que sumar un par de empleados que atiendan el incremento de las peticiones de dispensa que se prevén por el cambio del sistema universitario y las necesidades de la Unidad de Formación Continuada.

Igualmente, la Unidad de Asesoramiento Contable requiere de un trabajador más y la de Informática tiene que reforzarse con al menos cuatro empleados para mantener al menos la misma proporción con la plantilla que existe actualmente, y que ya resulta “insuficiente”. En Administración tendría que contratarse a dos personas y en dirección, a cinco responsables de coordinar todas las funciones.

Financiación por tasas

Para financiar estas nuevas funciones del Instituto, el Gobierno ha incluido en el proyecto de ley una modificación de la Tasa de control y supervisión de la actividad de cuentas, que en 2016 será de 123,40 euros por informe emitido sobre una entidad no EIP, de 246,90 euros si es una no EIP y los honorarios facturados superan los 30.000 euros o si es una EIP; y de 493,80 euros para EIP que hayan pagado más de 30.000 euros en horarios por la auditoría.

No obstante, esta tasa se incrementará de manera progresiva entre 2017 y 2020, con el objetivo de obtener una financiación de 4,84 millones de euros adicional a lo que ya estaba previsto recaudar. De este modo, en 2015 se prevé ingresar 8,41 millones por esta vía, que rozarán los 9 millones en el próximo ejercicio, superará los 10,4 millones en 2017 y se elevará hasta 15,12 millones en 2020.

Igualmente, se crea una nueva tasa por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). En concreto, se pagarán 75 euros por inscripciones de auditores en el Registro, cambios de situación o modificaciones de datos; 100 euros por inscribir sociedades más 48 euros por cada consejero o administrador dado de alta; y 24 euros por la emisión de certificados.

Con estas cifras, el Gobierno estima unos ingresos anuales de 148.150 euros, lo que quedaría por debajo de los costes de personal, que se terminarían de cubrir con la inejecución presupuestaria del Instituto.

En cualquier caso, “el ritmo de crecimiento de los gastos estará acompasado con el ritmo de incremento de los ingresos”, de modo que al final del ciclo el ICAC siga autofinanciándose sin necesidad de transferencias del Estado.

Esta progresión será posible porque las revisiones de auditorías no se tienen que llevar a cabo en todos los ejercicios, sino con frecuencias diferentes en función del tamaño de la entidad –de tres a seis años–, por lo que el personal no debe incorporarse simultáneamente sino a razón de una veintena por ejercicio. Además, las obras para acoger al personal en un mismo edificio se llevarán a cabo a lo largo de dos años.

Cargas administrativas

De este modo, los auditores de cuentas y sociedades auditoría (22.186 en el año 2013) verán incrementadas las cargas administrativas en 278.124 euros al año, fruto de la inclusión de nueva información en el informe de transparencia, de la obligación de llevar registros, del coste del concurso co-auditoría para EIPs y de la nueva obligación de comunicar ceses de auditores.

No obstante, se verán beneficiados de una reducción de costes gracias a la posibilidad de efectuar los trámites por vía telemática, que conllevará un ahorro de 135 euros en las solicitudes de inscripción, de otros tantos en las bajas en el registro, y de 75 euros en la solicitud de certificados.

En cualquier caso, el Gobierno confía en que esta ley tenga un “impacto neto positivo” sobre la economía y que estos costes se vena “compensados con una mayor calidad de las auditorías” y, por ende, con una “mejor información económico-financiera” que se utiliza para tomar decisiones sobre los mercados, contribuyendo así a una mayor eficiencia del sector financiero y empresarial.